La búsqueda y el salvamento corresponden a una función pública que centra su finalidad en la protección de vidas humanas. Es precisamente a esta función a la que hace referencia el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, en tanto establece que los Estados tienen el deber de garantizar “que se preste auxilio a cualesquiera personas que se hallen en peligro en el mar”. Por esto, como tanto la búsqueda como el salvamento contribuyen a salvaguardar las vidas, una de las tareas vertebrales de la seguridad de la navegación y en este sentido, se enmarca claramente en todo aquello que hace a la seguridad interior del estado, consecuentemente debe ser ejercida por el Ministerio de Seguridad, a través del órgano con competencia en la materia, entendiéndose como tal a la Prefectura Naval Argentina.